En medio de la discusión en el Senado de las leyes secundarias de la Reforma Energética, distintas organizaciones campesinas y analistas alzan la voz para expresar cómo, con su aprobación, pueden terminar de pulverizar al campo mexicano.
La contaminación que provocará la explotación del llamado gas shale, así como la llamada “ocupación temporal” de tierras, para realizar explotaciones de hidrocarburos serán el tiro de gracias que acabe con el campo, su producción y provoque un alza generalizada en los alimentos, advierten.
Cálculos de dirigentes campesinos apuntan que la llamada “ocupación temporal”, que en teoría será regulada por el Ejecutivo, provocará daños en el 60 por ciento de los 31 mil 941 ejidos en el país. Se estima que cerca de 15 mil ejidos enfrentarán procesos legales para evitar la explotación de sus tierras. Los cambios pueden traer beneficios, pero, en general, analistas recomiendan leer la letra chiquita.
Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).- El dictamen de las leyes secundarias de la Reforma Energética que se discute en el Senado deja desprotegido al campo mexicano al plantear los subsidios focalizados a energéticos, incluir ambigüedades en la llamada “ocupación temporal” de las tierras, la protección al medio ambiente y la manera en la que se garantizará la supervivencia de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) coincidieron analistas y representantes del sector agropecuario.
Para el líder de El Barzón, Alfonso Ramírez Cuellar, varias disposiciones de las cuatro leyes secundarias, principalmente la Ley de Energía, únicamente ayudarán a encarecer el precio de los alimentos, ya que se corre el riesgo de desaparecer los subsidios y las tarifas preferenciales para el sector.
En el caso del costo de la electricidad, los productores pagan una tarifa de 45 centavos por kilowatt y en caso de que desapareciera el subsidio, la tarifa llegaría hasta 8 pesos por kilowatt, lo que afecta principalmente a los agricultores del norte del país.
“Esto es imposible, la zona donde se producen los alimentos va a entrar en una situación de bancarrota”, advierte.
También desaparece los subsidios a al diesel y gasolina para pesca, bajo el argumento de que estas medidas sólo benefician “a los agricultores ricos”.
La organización prevé que si desaparecen los subsidios se afectará al menos a 500 mil productores del país, además de que reducirá su capacidad de producción.
Otro de los problemas que vislumbra para el campo es la explotación que se dará de los mantos acuíferos para la extracción del llamado gas shale, principalmente en los estados de Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y Veracruz.
“La explotación de gas implica un golpe muy severo a los acuíferos porque están abandonados, sobreexplotados, no ha habido un programa de recarga y conservación, como el agua se va a usar ahora, principalmente para quebrar la roca, no solamente se le va a quitar agua a la agricultura y se van a acabar los acuíferos; además de que van a dejar una devastación ambiental a gran pare del país”, expresó.
Esta misma devastación, aseguró, aplicará también para las llamadas “ocupaciones temporales”, a través de las cuales las empresas, podrán por un plazo máximo de 10 años, explotar los hidrocarburos que se encuentren bajo un terreno, ya sea de uso ejidal o particular.
“El problema de la ocupación de los terrenos es complejo, puede haber mucha oposición social y puede detonarse toda una oposición a la Reforma Energética que no hemos visto en las ciudades. Ya que empiecen a pisar los callos de comunidades aguerridas, como algunas en Tabasco, quiero ver lo que va a pasar”, advirtió Miriam Grunstein Dickter, especialista del área de energía de la organización México ¿cómo vamos?
Según cálculos de los dirigentes campesinos, la llamada “ocupación temporal”, que en teoría será regulada por el Ejecutivo, provocará daños en el 60 por ciento de los 31 mil 941 ejidos en el país. Se estima que cerca de 15 mil ejidos tengan que enfrentar procesos legales para evitar la explotación de sus tierras.
“Van a dejar grandes extensiones de tierra muerta, inservibles para todo destrucción de comunidades, resulta inaceptable”; en este punto también destacó que no quedó claro que porcentaje de los beneficios recibirá el propietario de la tierra, pues aunque se habló del 1 por ciento del valor catastral, no se llegó a ningún consenso y “esto va a desatar un mercado negro de tierras”, externó por su parte Ramírez Cuellar.
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El hecho de que desde el principio no se haya establecido en la ley el porcentaje de las ganancias que recibirán los propietarios de terrenos, genera “desconfianza”, aseguró Grunstein, y, aunque por una parte hace flexible el esquema para negociar mejor la ocupación del uso de suelo, se debe de establecer algún tipo de rango “porque si no, las empresas van a llegar y les van a dar dos centavos por el uso de sus terrenos.
En este mismo sentido, Fernando Bolaños Sapién, analista de Grupo Financiero Monex, estableció que esta figura es similar a la que opera en Estados Unidos, la diferencia es que los hidrocarburos que existan en el subsuelo son propiedad del dueño de los terrenos mientras que en México son de la nación.
En ese país, los propietarios de los terrenos pueden obtener hasta el 5 por ciento de las ganancias por la explotación, por lo que, consideró, en el caso mexicano es importante dejar en claro cuánto es lo que recibirán los dueños de los terrenos.
“En México, puedes tener tu terreno y no eres dueño de lo que está abajo sino la nación y como terrateniente no tienes un incentivo para ir a buscar a una empresa para obtener una ganancia, eso se debió de haber modificado en la Constitución”, expresó el analista.
El proyecto de dictamen de la la Ley de Hidrocarburos contemplaba originalmente que las zonas de salvaguarda fueran aquellas reservadas por el Estado para «limitar» la exploración y extracción de energéticos.
No obstante, a propuesta del Partido Acción Nacional (PAN), se determinó que en esos espacios no sólo se limiten estas actividades, sino que queden prohibidas.
El analista de Monex, señala que otro de los temas que no se ve reflejado en el dictamen que discute el pleno es el cómo van se va a elaborar los contratos con las empresas privadas y/o extranjeras que entren al sector, cómo se repartirán las regalías y la forma en la que se va a hacer , “no es lo mismo tener una plataforma de Shell en ultramar, que es carísimo y que a lo mejor les digas que les vas a dar el 5 por ciento de la utilidad”.
Distintas organizaciones campesinas independientes realizarán una marcha nacional para el próximo miércoles 23 de julio en defensa de sus tierras.
«No vamos a permitir que nuestras tierras, nuestros territorios se conviertan en campos petroleros, antes se van a convertir en campos de batalla, eso se los aseguro», dijo por su parte el dirigente de la Central Campesina Cardenista (CCC), Max Correa, Emilio Gamboa Patrón, se comprometió con las organizaciones independientes, en junio, a instalar una mesa de trabajo con los senadores del tricolor y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que tienen que ver con las comisiones relativas al campo «y no lo ha cumplido».
LA CAJA NEGRA
“Todo es una caja negra, no hay un sistema de pesos y contrapesos, ahorita lo que hay es un problema de transparencia”, aseguró Grunstein Dickter.
Señaló que se lee el dictamen de la Ley de la Industria Electrcuica, por ejemplo, la mayoría de la gente «no va a entender ni media palabra son leyes muy técnicas; debería de poner la Secretaría de Energía (Sener) al alacance de la población un documento explicativo sobre de qué se tratan las reformas, pero la ley en si está destinada a ser leida por el gobierno y por instituciones que van a financiar en los proyectos», argumentó.
EL ABC DE LAS LEYES SECUNDARIAS
De acuerdo con los expertos consultados, los principales cambios que traerá la aprobación de las leyes secundarias de la Reforma Energética en el Senado se refieren principalmente a:
El proyecto de dictamen no contemplaba la figura de los subsidios pero el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el PAN llegaron a un acuerdo para que las secretarías de Hacienda (SHCP), Energía (Sener) y Desarrollo Social (Sedesol) evalúen y determinen si es necesario crear un programa de subsidios focalizados para garantizar el abasto de combustibles en zonas rurales o urbanas marginales.
Según el dictamen aprobado, para determinar quiénes serán los destinatarios y en qué cantidades, se contará con el apoyo técnico de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Las tarifas eléctricas de uso residencial de algunas personas que se considere tiene ingresos “suficientes” podrían aumentar.
Durante el sexenio pasado, el subsidio a los energéticos ascendió a casi 752 mil millones de pesos, equivalentes al 1.1% del PIB, que se concentró en la mayor parte durante la segunda mitad de la pasada administración, según un análisis de la Universidad Autónoma Metropolitana.
La aprobación de las nuevas leyes secundarias va a obligar tanto a Petróleos Mexicanos (Pemex), como a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a competir en materia de eficiencia y rentabilidad con el resto de las empresas privadas y/o extranjeras que interesadas en los sectores hidrocarburos y electricidad.
“Se van a enfrentar a empresas que han sido eficientes por muchos años y que están acostumbradas a enfrentar una competencia ‘feroz’ en muchos años, entonces los estás enfrentando en cuestión de su nivel de inversión y músculo laboral”, señaló el experto de Monex.
“De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Federal y con las previsiones contenidas en las iniciativas de leyes sustantivas en materia de energía, ambas empresas se podrán acompañar de los socios que requieran, con el fin de incorporar tecnologías con las que no cuenten y mejorar su productividad. Asimismo, podrán sanear sus finanzas y contar con recursos adicionales para la inversión”, señala el dictamen de la Ley de Petróleos Mexicanos.
En este punto, el experto de Monex, apuntó que será importante el observar cómo se modifica el régimen fiscal de Pemex, para que el gobierno le quite un menor porcentaje de sus utilidades [actualmente aporta el 65 por ciento al gobierno federal] y pueda reinvertir en activos.
En esta materia, el dictamen señala en el caso de ambas: “Conforme a la iniciativa presidencial, las empresas productivas del Estado estarán obligadas a pagar anualmente un dividendo estatal que estará determinado por el Congreso de la Unión, a propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en la información que cada empresa le presente”.
En el caso de Pemex, entregará el control de su red de ductos a otra entidad pública, el Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas). Y en la CFE pasará algo similar con sus torres de distribución y líneas de trasmisión, que pasarán al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).
En este punto Miriam Grunstein expresó su temor de que desaparezcan ambas empresas.
“CFE y Pemex van a ser caricaturas ya no van a ser competidores los esán arrinconado, el gobierno y el Secretario de Hacienda [Luis Videgaray Caso] se niegan a defender a Pemex”, reclamó el líder del Barzón.
Tanto el nombramiento como la remoción del director de ambas empresas debe ser aprobada por el Senado, en lugar de quedar a criterio del Presidente de la República.
Con la entrada de nuevos jugadores, en México tendrán que registrarse mejores precios en las gasolinas, por cuestiones de competencia, no podrá haber mucha diferencia entre los precios que ofrezca una marca u otra, pero sí se abrirá una competencia en la calidad del combustible que ofrezca cada una.
También obligará a que en las gasolineras realmente vendan litros de a litro y no cantidades menores.
Pero al darse esta apertura, según explican los analistas, también existe el riesgo de que los precios estén sujetos a los vaivenes internacionales, por ejemplo, cualquier crisis en los países productores de petróleo puede tener un mayor impacto del que tiene ahora en el precio del combustible en México, lo que terminaría con los precios relativamente fijos que ahora se manejan en el país.
En el caso de las empresas, ayer, en conferencia telefónica con analistas para dar a conocer los resultados financieros del segundo trimestre, Alfa señaló su interés por participar en proyectos de energía, ya que la Ley de Hidrocarburos le abre la posibilidad de tener sus gasoductos.
El Artículo 75 de la citada ley establece que “los permisionarios y los usuarios podrán establecer las condiciones para el uso de capacidad adicional, sujeta a que no impida a terceros el acceso”.
En cuanto al precio del gas, Miriam Grunstein consideró que existe la posibilidad de que sí bajen los precios, lo que no pasará con la electricidad, al menos en el corto plazo.
El PRI, a través del Senador David Penchyna Grub, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara alta, buscaba establecer en la Ley de Hidrocarburos que un terreno podría ser expropiado por razones de «utilidad pública» para exploración y extracción de energéticos, lo que afectaría los derechos de propiedad de los campesinos en México.
El concepto expropiación se cambió por el de “ocupación temporal”, lo que significa que si se determina que existen hidrocarburos en un terreno, el contratista tendrá que llegar a algún tipo de arreglo con el dueño de la tierra para poder explotarlos e, incluso, tendrá que pagarle con un porcentaje de sus ganancias, mismo que se determinó en el dictamen que discute el Senado.
«La forma o modalidad de uso, goce o afectación, en su caso, adquisición que se pacte, deberá ser idónea para el desarrollo del proyecto en cuestión, según sus características. Al efecto, podrán emplearse las figuras de arrendamiento, servidumbre voluntaria, ocupación superficial, ocupación temporal, compraventa, permuta y cualquier otra que no contravenga la ley», señala el documento aprobado.
En la Reforma Energética, en diciembre del año pasado, se abrió el sector energético nacional a la inversión privada tanto nacional como extranjera, sin embargo, en la legislación secundaria se establece que esta apertura no se dará en el rubro de transporte terrestre de combustible, con el objetivo de proteger a las pequeñas y medianas empresas que se dedican a esta rubro.
También se establece un límite de 49% a la inversión extranjera en materia de suministro de combustibles para barcos, aeronaves y sistema ferroviario.
Sobre los beneficios que obtendrán las empresas que inviertan en el sector, el dictamen de la Ley de Hidrocarburos establece:
“Por lo que se refiere a las modalidades de las contraprestaciones que pagará el Estado a sus empresas productivas o a los particulares, por virtud de las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos que realicen por cuenta de la Nación, la Ley establece las siguientes modalidades de pago según el tipo de contrato:
